Mujeres y política: retos y posibilidades en México frente a un Estado patriarcal

Resumen: Desde un enfoque feminista, este artículo busca dar cuenta de las limitantes que experimentan las mujeres en su desempeño en el campo político en la actualidad. Se plantean los aspectos teóricos y prácticos de las relaciones de poder implicadas en el desarrollo de la vida política, destacando las construcciones sociales que ha colocado a la mujer en un contexto de violencia política de género. De la misma forma se plantean propuestas de alternativas a la situación de violencia en la que se encuentran las mujeres en materia política en la actualidad, esto con el fin de coadyuvar a la construcción de una democracia real.

Palabras clave: mujer, política, violencia política de género, instituciones, poder.

Introducción

Históricamente las mujeres han sido vistas como individuos frágiles que necesitan del cuidado masculino para vivir en sociedad. Esto nos ha llevado a que la participación de las mujeres en las diversas esferas de la vida tanto pública como privada se vea invisibilizada por la imposición de formas de actuación masculinas. La política no es la excepción: el género es un determinante para la participación política de las mujeres.

Una problemática social que se ha presentado en México es la violencia en contra de las mujeres y un tipo particular de violencia de género es la violencia política. Este tipo de actos y acciones encaminados a menospreciar a la mujer han atentado directamente contra la propia democracia, ya que han provocado que la mitad de la población se vea excluida, violentada, invisibilizada y relegada. Es así como las mujeres han experimentado múltiples obstáculos para formar parte de la esfera política, misma que no se limita sólo al ámbito institucional, sino que es un todo conformado por distintas partes, actores, organizaciones, movimientos e instituciones (Rancière, 1996). La política actual se encuentra cimentada en una base patriarcal que no permite el desenvolvimiento político de ellas y las coloca en situaciones que vulneran sus derechos ciudadanos de forma constante y además institucionalizada.

Es entonces que el objetivo de este artículo es indicar las limitantes derivadas de la forma de dominación patriarcal que afectan a las mujeres en su desempeño político en los tiempos actuales, además de presentar posibilidades de mejora de la situación política de las mujeres en el contexto mexicano. Para ello, resulta necesario preguntarse ¿cuáles son las limitantes que experimentan las mujeres en política en la actualidad? Y ¿qué acciones se pueden llevar a cabo para mejorar el entorno político en un contexto de participación plural? Es así como se sostiene que los retos que atraviesan las mujeres se resumen en la masculinización de la política, el acoso sexual, la invisibilización del trabajo social que realizan, el menosprecio de las capacidades femeninas en la esfera pública y la visualización de la política restringida al ámbito institucional. Asimismo, las acciones que se pueden implementar para disminuir esta violencia se centran en entender la política como un concepto ampliado, la visualización del feminismo como un movimiento multitudinario y la planeación de programas educativos con perspectiva de género para eliminar las construcciones atribuidas a las mujeres basadas meramente en el sexo como condición biológica.

Para abordar lo antes planteado, en un primer momento se presentan los aspectos teórico-filosóficos que identifican al patriarcado como un sistema de opresión reproducido por el Estado y al feminismo como un movimiento capaz de lograr la igualdad. En segundo lugar, se realiza un recorrido por la política mexicana que busca destacar el papel de las mujeres en este ámbito. Finalmente, se aborda la situación actual de las mujeres en materia política y se enumeran acciones que buscan beneficiar la participación política de ellas frente a un contexto de violencia de género en México.

Aspectos teóricos de la participación política de las mujeres

Las mujeres se desenvuelven en un mundo que está dictado por los estándares masculinos, los cuales colocan a la mujer en una posición de subordinación frente a los hombres en los diversos aspectos de la vida en sociedad. Esta situación ha generado que uno de los principales objetivos de los movimientos feministas sea justamente la consecución de espacios de poder social, político y económico para las mujeres (Cano, 1996). De acuerdo con esto, sería objetivo definir las líneas teóricas que se han seguido para la consolidación de la participación de las mujeres en la esfera pública. Para ello, resulta pertinente preguntarse ¿cuáles han sido las implicaciones teóricas fundamentales que permitieron este despertar político femenino? Es entonces que se afirma que desde los movimientos feministas y las teorías elaboradas por autoras[2] como Kate Millet, Catharine MacKinnon, Angela Davis, Gerda Lerner, Gabriela Cano, Chantal Mouffe, entre otras, han planteado como obstáculo principal el hecho de que la participación de las mujeres tanto en la política como en muchos otros ámbitos de la vida en sociedad se encuentra regida por la concepción masculina de las cosas, lo que implica esta determinación, asignación y encasillamiento del actuar femenino orientado a lo que los hombres “esperan” de las mujeres, lo que no permite su pleno desarrollo.

La construcción patriarcal como medio de dominio institucionalizado en torno a lo femenino ha colocado a las mujeres bajo un lente de fragilidad, en donde ellas se han visto como seres recortados de capacidades en comparación con los hombres. Esta fragilidad impuesta a las mujeres ha causado que la esfera política relegue su participación en los diferentes ámbitos que la componen. Es así como las condiciones experimentadas por las mujeres en su desempeño político responden a los constructos patriarcales de las instituciones, los cuales coartan las libertades de las mujeres y las colocan en el centro de actitudes violentas destinadas a invalidar o menospreciar su participación en la vida pública.

En este sentido, como aclaración, resulta importante mencionar que la política no puede ser entendida únicamente desde el ámbito institucional, sino como la suma de partes que permite la articulación de las demandas sociales y que a su vez otorga legitimidad a los procesos propios de los Estados, en donde el papel de la ciudadanía se encuentra establecido por las relaciones de poder existentes (Rancière, 1996). Aunado a esto, Chantal Mouffe realiza una distinción entre lo político y la política. Esta autora concibe lo político como “la dimensión de antagonismo que consider[a] constitutiva de las sociedades humanas” (2011, p. 16). Mientras que la política es entendida como “el conjunto de prácticas e instituciones a través de las cuales se crea un determinado orden, organizando la coexistencia humana en el contexto de la conflictividad” (2011, p. 16). La autora coloca a la sociedad en un contexto que se encuentra en transformación constante en donde concibe lo político como una “dimensión” y la política como un “conjunto”. Es así como esto contribuye a la idea de que acotar la política al campo meramente institucional sería un error conceptual.

Es en este momento en el que resulta pertinente señalar la relación establecida entre las lógicas patriarcales y la participación política de las mujeres. En el aspecto general es fundamental mencionar que el campo político se desarrolla en los límites del Estado, mismo cuya construcción responde a una lógica patriarcal que se reproduce de forma institucional y no institucional. Es entonces que bajo esta premisa se puede afirmar que la relación entre estas lógicas patriarcales y la participación de las mujeres responde a la misma construcción de la vida política, la cual se encuentra cimentada sobre bases que colocan a los hombres como dominantes y a las mujeres como dominadas, situación que además sesga los procesos democráticos y elimina el supuesto de igualdad entre individuos.

Para abordar lo anterior desde un enfoque centrado en las dificultades que han experimentado las mujeres en su participación política, resulta importante definir algunos conceptos. En un primer momento, el concepto de poder aparece como fundamental. David Easton (1968) afirma que el poder no es una cosa que se posea, sino que es un fenómeno de relaciones, en el cual una persona o grupo son capaces de determinar las acciones de otro para la consecución de sus propios fines. Por otro lado, el concepto de participación política definido por Manuel Sabucedo (1996) se refiere a todo tipo de acción intencional, efectuada por individuos o grupos, con el objetivo de cuestionar, negar o apoyar los elementos que componen el ámbito de lo político.

Aunado a lo anterior, el concepto central de esta investigación es el de violencia política de género, mismo que ha hecho nido en el plano institucional. Debido a esto, resultaría importante ampliar su concepción a la totalidad de la arena pública, debiendo aclarar que este tipo de violencia se inscribe en la desigualdad de género producida por la asimetría de poder entre hombres y mujeres, dado que se presenta en el intento de las mujeres de acceder a lo político. Es así que el Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres[3] define a la violencia política de género como:

[…] todas aquellas acciones y omisiones –incluida la tolerancia– que, basadas en elementos de género y dadas en el marco del ejercicio de derechos político-electorales, tengan por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos políticos o de las prerrogativas inherentes a un cargo público. (2016, p. 21)

Una vez definido lo anterior, podemos centrarnos en el aspecto filosófico de la participación política de las mujeres, adelantando que dicha participación ha estado sujeta a estándares de actuación masculinizados, lo que ha significado un reto para las mujeres, ya que se han visto en la necesidad de adecuarse a estos patrones de actuación para tener injerencia en los asuntos y decisiones políticas al interior de las sociedades. Es aquí que nuevamente la relación entre las lógicas patriarcales y la participación política de la mujeres aparecería como inseparable debido a la orientación patriarcal del Estado.

La estructura patriarcal en la que nos encontramos inmersos ha generado que se invisibilice la actuación política de las mujeres y se cimente la configuración limitada de lo político. Para puntualizar en la participación política de las mujeres, resulta pertinente hacer hincapié en que las mujeres participan en los procesos políticos en un mundo que se rige bajo los referentes del patriarcado. Este último se refiere a una construcción social e histórica atribuida al sexo que ha determinado una estructuración de la vida en sociedad que ha colocado al hombre como dominante y a la mujer como sumisa (Lerner, 1990).

Este sistema social ha fijado los estándares y condicionantes de la participación política, en donde las mujeres se han visto vulneradas históricamente, pues han sido pensadas como no aptas para participar en el campo político-institucional. De acuerdo con Catharine MacKinnon (1989), la desigualdad por razón de género somete a las mujeres a las formas sociales creadas e impuestas por los hombres, en las que se aplica el dominio masculino sobre el femenino en todos los ámbitos de la vida. En el espacio público, “las leyes estructuralmente adoptan el punto de vista masculino” (MacKinnon, 1989, p .393) y el poder que poseen las mujeres dentro de la esfera pública está dado por su comparación con los hombres. Asimismo, Angela Davis (2005) afirma que las relaciones entre hombres y mujeres no permiten que ellas accedan a la igualdad política, por lo que el ejercicio de la ciudadanía en igualdad de condiciones les es negado. Todo lo anterior ocurre dentro de una dinámica social que pretende que las mujeres encajen en un patrón masculino y afirmarlo como igualdad de los sexos, esto con la finalidad de conservar y reproducir los principios históricos del capitalismo y del patriarcado.

Por su parte, Kate Millet (1995) introdujo el concepto de política sexual, el cual responde a los cuestionamientos acerca de la existencia de una relación entre los sexos desde un punto de vista político. La autora menciona que depende de la definición de política que se utilice se determinarán estas relaciones. En este sentido, Millet (1995) afirma que es necesario que el concepto de política no sea limitado al ámbito de gobierno, partidos y mandatarios, sino que sea visto como el conjunto de relaciones estructuradas en torno al poder de los diversos individuos y grupos que marcan quién es el dominante y quién es el sumiso en las cuestiones relativas al campo político.

Bajo esta lógica es que los aspectos formales teórico-filosóficos del feminismo llevaron a las mujeres a tomar conciencia de su posición de opresión, lo que consolidó un movimiento de alcance mundial. De esta forma, se señala que el feminismo como reinterpretación de la política permitió la consecución de múltiples derechos para las mujeres. Entonces, resulta relevante mencionar que, pese a que generalmente no es visto de esta forma, las mujeres se han desarrollado en el campo político ampliado, es decir, no sólo visto desde las instituciones, sino desde el activismo social que ha permitido que las mujeres en diversos países del mundo consoliden su participación y sus derechos políticos, en donde sin duda, los movimientos feministas y de las mujeres han sido los principales promotores de la lucha por la consecución de los derechos para ellas en contra de estas lógicas patriarcales impuestas por el propio Estado. Es también desde esta trinchera que se ha estipulado que la sociedad debe modificar sus formas de dominación, en las que las mujeres no se vean relegadas ni violentadas en su participación en el campo político, esto implicaría dejar de lado la fragilización que le ha sido atribuida a las mujeres como concepción ideológica de lo que a ellas les está permitido hacer o no. Es así como también resulta importante mencionar que esta situación de dominación patriarcal que ha colocado a las mujeres como ciudadanas de segunda clase interfiere con los procesos democráticos. Esto debido a que de acuerdo con Jacques Rancière (1996), los escenarios democráticos requieren la participación de todas las partes de la comunidad para llegar a crear una democracia real. Así, en la época contemporánea, la participación política de la sociedad en su conjunto se vuelve fundamental para la legitimación de los propios Estados. Es entonces que se plantea que la participación política de las mujeres va mucho más allá de la participación en cargos gubernamentales, institucionales o en las urnas durante jornadas electorales propias de la democracia participativa.

El camino que han tenido que recorrer las mujeres para romper en gran medida con los constructos patriarcales ha sido largo. En la actualidad, la política continúa regida por las lógicas patriarcales, siendo este un espacio reservado en gran parte para la participación masculina, lo cual potencia los diversos retos, obstáculos y limitantes que se les presentan a las mujeres y que las violentan de forma continua al desempeñarse en este ámbito. Esto pese a los esfuerzos del movimiento feminista y de las mujeres por eliminar los estereotipos atribuidos a las mujeres únicamente basados en el sexo. Es por lo anterior que resulta importante hacer énfasis en el camino que ellas han tenido que recorrer para colocarse hoy en los espacios institucionales, así como los retos que ha representado el reduccionismo teórico-conceptual de la política.

Esta configuración masculina de las estructuras sociopolíticas, vuelve necesario el análisis sobre quién o quiénes poseen el poder y de qué formas lo hacen, esto con el fin de insertar la posibilidad de repensar las formas de relación de los individuos en materia política. Por ello se resalta que es desde los movimientos feministas que se han logrado grandes avances en la historia, los derechos y la participación política del mundo. Es claro que aún queda un largo camino por recorrer, por esto, a continuación, se presentan las cuestiones más importantes que han definido la participación política de las mujeres en la historia de México.

Las mujeres en política: el caso mexicano

Como se ha venido mencionando, los movimientos feministas y de las mujeres ha tenido grandes logros en materia política para la sociedad en general, el caso mexicano no es la excepción. Por ello, resulta relevante analizar de qué forma se ha dado el avance de las mujeres en la política institucional y no institucional derivada de la lucha constante de los colectivos feministas y de las propias mujeres que buscan modificar el statu quo impuesto por los sistemas patriarcales. En este sentido cabría preguntarse ¿cómo se ha desarrollado históricamente la participación política de las mujeres en el país? Lo cual permite pensar que en el recorrido histórico de México las mujeres han enfrentado múltiples retos para acceder al poder y a la participación política. Esto ocurre debido a la configuración masculina de las estructuras sociopolíticas, en las que los movimientos feministas y de las mujeres han logrado grandes avances en la historia política del país.

El contexto histórico, político y económico mexicano ha invalidado las participaciones femeninas en la construcción histórica y política de México. Es entonces que los movimientos feministas han realizado una gran labor al señalar las contribuciones de las mujeres en los diversos procesos históricos, mostrando a su vez que, la posición de subordinación de ellas con respecto a la de los hombres es una construcción social y no está dada por la naturaleza (Arrom, 1992).

Al hablar de México como Estado nación, es preciso mencionar que las mujeres estuvieron, participaron y aportaron a la construcción del país tal y como lo conocemos hoy en día. Que su participación haya sido invisibilizada es un hecho, pero de igual forma lo es su incansable apoyo a la causa libertaria. Ellas fueron agentes fundamentales del cambio, sin embargo, son realmente pocas las mujeres que se reconocen como personajes históricos importantes en los conflictos armados, tal es el caso de mujeres de la época independentista como Josefa Ortiz o Leona Vicario, y de mujeres participantes de la lucha revolucionaria como Hermila Galindo o Natalia Serdán. Sin embargo, existen muchas otras mujeres sin las cuales estas luchas no se hubieran consumado, pero cuyos nombres quedaron en el olvido.

De acuerdo con María Rodríguez (2009), esta desvalorización de la participación femenina en la vida política de las nacientes repúblicas tiene causas diversas, como son la influencia del catolicismo, los roles tradicionales y el propio sistema político que reproduce los rasgos patriarcales, entre otros. Es así como la gesta del movimiento feminista en México comienza al término de la Independencia y con el surgimiento de la vida republicana, muchos grupos de mujeres demandaban la ampliación de sus derechos. Tal es el caso de las mujeres zacatecanas, yucatecas y sonorenses en su exigencia de participar en el Congreso Constituyente de sus respectivos estados en 1824 (Galeana, 2014). Gabriela Cano (1996) menciona que el feminismo se comienza a configurar en México a finales del siglo xix buscando la ampliación de los horizontes culturales femeninos de acuerdo con su papel social. Esta búsqueda de la ampliación de los campos de acción de las mujeres incluye el reconocimiento del papel femenino en la esfera pública, el derecho a participar en las actividades políticas incluyendo el voto y la exposición de la condición de la mujer mexicana como sometida ante la figura del “macho mexicano”. En los tiempos postrevolucionarios las mujeres ya no solo luchaban por la causa política, sino también por el reconocimiento de la igualdad de derechos en una sociedad mexicana que pugnaba por un cambio (Pilaszek y Rojo, 2007).

Una vez que la etapa revolucionaria finalizó, surgió en el país el Consejo Feminista Mexicano en la segunda década del siglo xx. De acuerdo con Cano (1996), este movimiento tenía propósitos políticos que buscaban hacer hincapié en los elementos igualitaristas en el campo político. En los primeros congresos feministas (1920-1927), las mujeres eran libres de debatir sobre temas políticos y sobre su estatus social, lo que permitió la gestación del movimiento sufragista (Peniche, 2017). A partir de 1937 la acción feminista giró en torno al sufragio de las mujeres, campaña que sólo se detuvo hasta que en 1947 se reconocieron los derechos ciudadanos de las mujeres a nivel municipal y en 1953 se establecieron los derechos políticos de las mujeres a nivel estatal y federal (Cano, 2014). De esta forma, “el sufragio femenino se había convertido en un símbolo de la imagen de modernidad política” (Cano, 1996, p. 353).

La participación de las mujeres en la política no sólo cambió su situación y condición como mujeres, sino que generó la transformación de todo un sistema social. Esto ocurre debido a que, con el paso del tiempo, el hecho de que la mujer participara activamente tanto en la política institucional como no institucional produjo en México una visión de modernidad y transformación política que comenzaba a incluir a más de la mitad de la población –las mujeres–.

La consecución del sufragio femenino despertó un interés en aquellas que se dedicaban a la actividad política: ahora ellas podían representar los intereses de los ciudadanos. En este sentido, las mujeres comenzaron a ganar espacios políticos, primero en la estructura de los partidos políticos y luego en los cargos de elección popular. Es así como en 1938 fue elegida la primera titular de una presidencia municipal, Aurora Meza en Chilpancingo, Guerrero (FENAMM, 2021). En 1954 se eligió a la primera mujer que ocuparía un puesto en el Congreso de la Unión, Aurora Jiménez, por el estado de Baja California (Rodríguez, 1999). En 1961 Cristina Salmorán se convirtió en la primera mujer en ocupar el cargo de ministra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Bolívar, 2017). Además, la primera mujer en ser elegida gobernadora en México fue Griselda Álvarez en 1979, postulada por el Partido Revolucionario Institucional (pri) en el estado de Colima (Rodríguez, 1999). Para este momento, las mujeres ya se encontraban de cierta forma insertas en las actividades de gobierno antes destinadas a los hombres. Sin embargo, el acceso de ellas a estos espacios públicos representó nuevas problemáticas en cuestiones de género. Estas problemáticas se traducen principalmente en el menosprecio de las actividades desempeñadas por las mujeres, la manipulación por parte de los hombres de los puestos políticos que las obliga a actuar de acuerdo con los intereses masculinos, la diferencia de salarios y la violencia sexual.

En un intento por tratar de insertar a las mujeres en la política institucional y producto de las exigencias de los colectivos feministas y de las mujeres por participar de forma activa en el campo político desde la trinchera institucional, en 1993 México reconoció legalmente la figura de cuotas de género que implicó que los partidos políticos debían promover una mayor participación política de las mujeres (Báez y Gilas, 2017). En 1997, en México se aprobó una reforma que señalaba que las candidaturas a diputados y senadores no debían exceder el 70% para el mismo género. Adicional a estos avances, en 2001 se creó el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), lo que permitió que en 2002 se aprobara una nueva reforma que obligaba a los partidos políticos a inscribir mínimo el 30% de candidatas a los puestos de elección popular. Sin embargo, hasta 2014 se estableció la reforma del 50%, lo que vuelve realidad la paridad de género en México (por lo menos en materia legal) debido a que la participación igualitaria de hombres y mujeres sería requisito para participar en las próximas elecciones por parte de los partidos políticos (Báez y Gilas, 2017).

En 2007 se promulgó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, misma que tiene el propósito de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en todos los ámbitos y formas. Además, en 2014 se creó el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México con el objetivo de promover la participación de las mujeres en el campo político. Sin embargo, pese a todas las medidas antes mencionadas en favor de las mujeres, su participación en la política sigue sesgada por la violencia de género.

Lo anterior puede ser observado en los tres poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial; en los tres niveles de gobierno: municipal, estatal y federal; y en la sociedad civil organizada. A nivel institucional, el periodo comprendido entre 2000 y 2021 fue clave para el logro de la legislación de los principios de paridad y cuotas de género en los cuerpos de representación. Sin embargo, para que esto ocurriera tuvieron que transcurrir años de lucha femenina, dentro de los cuales, además de que el aumento de las mujeres en los órganos legislativos fue paulatino, ellas fueron y aún hoy en día son víctimas de la violencia machista. Ejemplo de ello son los casos de acoso sexual, menosprecio de sus capacidades intelectuales, invisibilización de su actuar sociopolítico, masculinización de lo público y sin duda el concepto restringido de política. Es decir, a pesar de que en la actualidad la mitad de la población del país se encuentra representada en los órganos legislativos, las mujeres sufren violencia de género de forma constante. Así, las condiciones de desenvolvimiento difieren bastante entre hombres y mujeres para el ejercicio del mismo puesto, dado que el espacio público está construido con base en la visión masculina.

Para el caso del Poder Ejecutivo federal y los Ejecutivos estatales, resulta importante destacar el reducido número de mujeres titulares tanto de las Secretarías de Estado como de las gubernaturas a lo largo de la historia del país. En este nivel de representación no se ha logrado la paridad de género, es decir, los hombres continúan abarcando la mayoría de los espacios disponibles. El sistema patriarcal ejerce gran presión sobre las mujeres que han alcanzado estos puestos debido a que sus gestiones se ven reducidas o minimizadas por parte de los medios de comunicación. En este rubro, pese al marco legal paritario existente, no se ha consolidado una participación significativa de las mujeres.

En México, el movimiento feminista se ha encargado de poner en duda las relaciones de poder existentes basadas en la opresión patriarcal. Las reformas institucionales han aumentado la participación de las mujeres en el ámbito institucional; sin embargo, dicha participación se ha visto opacada por las dificultades que ellas experimentan en el desempeño de sus puestos. Los movimientos feministas y de las mujeres han realizado una ardua labor por la consecución de la participación de las mujeres en todos los ámbitos, es por lo que a continuación se muestra un análisis de los retos que ellas han tenido que enfrentar en su día a día en la vida política institucional y no institucional, lo que a su vez permite pensar en algunas alternativas para disminuir y en su momento eliminar la violencia política de género sufrida por muchas mujeres mexicanas.

Más allá del constructo social sobre lo femenino

La construcción de la visión de las mujeres como seres frágiles que requieren del cuidado masculino ha provocado la creencia de una supuesta superioridad por parte de los hombres, lo que sin duda coloca a las mujeres en contextos en los que son víctimas de diversas violencias. Como hemos venido revisando, uno de estos espacios en donde las mujeres se han visto disminuidas por esta cultura machista es sin duda la política y lo político. Pese a los innegables esfuerzos de los colectivos de mujeres y al propio feminismo, las condiciones de participación no se han podido igualar. Sonia Álvarez (2019) afirma que la participación de las mujeres ya no se limita a un cambio en el marco legal, sino a la necesidad de un cambio en la conceptualización de la mujer como sujeto político poseedora de derechos.

Esta problemática no sólo atañe a las mujeres, sino a la sociedad en su conjunto debido a la vulneración de los derechos de la mitad de la población que otorga legitimidad al sistema político. Por ello, resulta pertinente preguntarnos ¿qué acciones podrían ser implementadas en México para mejorar las condiciones del acceso y participación política de las mujeres? Es así como pensar en imaginarios de nuevas realidades que permitan que las mujeres se desarrollen en la política en condiciones de igualdad, pero sobre todo que tanto el espacio público como privado ofrezca seguridad para ellas aparece como una opción viable. Entonces, algunas de las acciones que podrían mejorar el desenvolvimiento de las mujeres en el mundo de la política mexicana son la inclusión de los diversos modos y formas de participación política de las mujeres, la visibilización de la problemática no ceñida únicamente al ámbito institucional, la ampliación del concepto de política hacia la sociedad civil organizada, el planteamiento de nuevos horizontes desde la educación para dejar de reproducir las estructuras machistas y la eliminación de estereotipos y constructos sociales que le imponen a la mujer conceptos como son la fragilidad y la debilidad.

Ana Cárdenas y Reyes Rodríguez mencionan que “la falta de presencia femenina en puestos que requieren la toma de decisiones incentiva que, en políticas públicas, se mantenga la costumbre de no tomar en cuenta sus intereses” (2017, p. 209). Por consiguiente, el posicionamiento de las demandas, problemáticas y necesidades sociales de las mujeres se ve relegada frente a una agenda política marcada y definida por hombres. Con base en lo anterior, resulta posible afirmar que la construcción de la agenda política también representa un medio de control y poder que poseen los hombres frente a las mujeres al encontrar trabas para posicionar los temas que a ellas interesan.

Si bien existen limitantes en un principio para que las mujeres accedan a los cargos gubernamentales, una vez que ellas acceden sufren diversos tipos de violencia. La Observatoria Ciudadana Todas Mx afirma que el 80% de la violencia política en contra de las mujeres es perpetrada por los partidos políticos; así pues, una vez más, son las instituciones que ostentan y manejan el poder en México las principales reproductoras de los modelos patriarcales (Toche, 8 de junio de 2021). Aunado a ello, la denuncia y acreditación de este delito atraviesa por un largo proceso burocrático para que un incidente de violencia contra la mujer en el campo de la política sea tipificado formalmente como violencia política de género y se pueda aplicar una sanción al perpetrador. Además, resulta preciso mencionar que el hecho de que el término “violencia política de género” tenga una importante reducción a nivel teórico y legal provoca que se olviden de los derechos políticos de las mujeres que participan en política de una forma diferente a lo institucional. Así, la violencia que sufren las mujeres pertenecientes al movimiento feminista por parte del Estado no es objeto directo del concepto de violencia política de género.

La violencia en contra de manifestantes y activistas políticas no está expresa como violencia política de género. La pregunta aquí sería ¿por qué? La respuesta parece sencilla: en México las instituciones tienen una fuerza avasalladora sobre el activismo social, en un país en donde activistas de todo tipo son asesinados por exigir lo que al gobierno le corresponde, la solicitud de una protección legal a las mujeres que se movilizan por la vía social se convierte en utopía. ¿Y cuál es la importancia de visualizar esta carencia? Las mujeres necesitan desarrollarse en cualquier ámbito de la política, ya sea institucional o no institucional en condiciones de seguridad, en el que no sean objeto de las múltiples violencias de género que van desde lo psicológico, sexual, económico y patrimonial hasta lo político.

Las mujeres son violentadas al intentar traducir sus demandas en derechos. Por un lado, tal vez esto se deba a la construcción patriarcal del país, pero por el otro, quizás se deba a la gran fuerza que ha tomado el feminismo en los últimos años. Cabe entonces mencionar que este “miedo” que se le tiene al feminismo como movimiento con la posibilidad de situarse como interpelación fundamental viene de la necesidad de la sociedad por mantener un status quo en el que la mujer se encuentra oprimida. Sin embargo, el potencial del feminismo y los diversos movimientos de las mujeres ha ido en aumento con el paso del tiempo, por lo que parece posible que en algún momento de la historia futura la situación para las mujeres mejore sustancialmente hasta consolidarse una igualdad real.

Todo esto no implica “darle la vuelta” a las cosas, es decir, que sean los hombres oprimidos y las mujeres opresoras, claro que no, por el contrario, implica la construcción de una sociedad que permita que hombres y mujeres desarrollen sus potencialidades en igualdad de circunstancias. Lamentablemente esta sólo es una posibilidad de cambio que se ve lejos de concretarse debido a que la estructura mexicana esta cimentada en el machismo y la connotación patriarcal de las instituciones. La realidad se apega a estas bases, las mujeres perecen en condiciones de abuso, acoso, menosprecio y miedo en el desarrollo de sus puestos políticos.

Como ejemplo de lo anterior, derivado de la realización de entrevistas a diputadas locales del Congreso del estado de Puebla y de la observación etnográfica en la misma institución,[4] fue posible dar cuenta de la realidad política en México, lo cual permite observar la violencia generada por los hombres hacia las mujeres en el ámbito político. Las entrevistas fueron realizada a tres diputadas locales, en los que los resultados arrojaron que de las tres entrevistadas, sólo una reconoce que la política también se presenta en el campo social; las tres coincidieron en que la violencia política de género es una constante en el desarrollo de sus actividades y concuerdan en que esta violencia se presenta por el hecho de ser mujer. Aunado a esto, las tres mujeres mencionaron haber sufrido violencia política de género desde su forma más sutil, como es el menosprecio de sus capacidades hasta una de las violencias más fuertes como es el acoso sexual. Asimismo, las entrevistadas coincidieron en que a las mujeres se les plantean dificultades basadas en el género para la participación política desde los diversos espacios: partidos políticos, gobierno, sociedad, entre otros. Esta experiencia permitió afirmar que las prácticas machistas y patriarcales siguen siendo una constante en los órganos legislativos, en los que las mujeres sufren diversos tipos de violencia que van desde la psicológica y económica hasta casos concretos de abuso y acoso sexual.

Debido a esto, resulta importante pensar en alternativas que permitan mejorar las condiciones de participación y desenvolvimiento político de las mujeres. La democracia requiere la participación de la sociedad en su conjunto en los procesos de decisión, por lo que la simple inclusión de las mujeres no basta. Es necesario que ellas cuenten con una participación real y activa que, por un lado, desde el campo institucional les permita tomar las decisiones y, por el otro, que en el campo social sus demandas se eleven para la construcción de la agenda pública. Si bien hay que tomar en cuenta que este proceso implica un cambio radical en las instituciones y en la sociedad misma, resulta posible realizar diversas acciones encaminadas a mejorar las condiciones de la participación política de las mujeres para que ellas accedan a los cargos políticos o de representación sin ser víctimas de ningún tipo de violencia, que su participación y desenvolvimiento tenga lugar sin miedos, que las mujeres se puedan manifestar y exigir sus derechos sin ser señaladas como delincuentes, que su voz sea escuchada y sus decisiones sean acatadas y validadas.

En primer lugar, para mejorar las condiciones de actuación política de las mujeres es necesario comprender que no todo movimiento que involucre a las mujeres es necesariamente feminista. En años pasados y en la actualidad, muchas mujeres se han movilizado por la obtención de derechos para ellas sin declararse feministas. Con base en esto, mencionar que los colectivos feministas han sido los únicos que han logrado realizar un cambio gradual en la condición de vida de las mujeres sería un error. Es entonces que resulta fundamental validar y apoyar las diversas luchas políticas de las mujeres para la consecución de sus derechos. Entonces, uno de los puntos a tomar en consideración es, por un lado, ampliar la concepción política de participación para las mujeres y, por el otro, otorgar una visión mucho más integral del movimiento mediante el entendimiento de que es el feminismo el que tiene la potencialidad de reinventar el mundo, pero para reinventarlo tiene que realizar cruces e identificar interseccionalidades más allá de ciertas condiciones de opresión de género que no son iguales en todas las mujeres.

En segundo lugar, es necesario revisar qué se puede hacer desde el campo institucional para mejorar las condiciones en las que las mujeres participan en la política. Como se expuso, dentro de las instituciones, en especial en los partidos políticos es en donde mayormente se reproduce la violencia machista, esto pese a que existen legislaciones destinadas a castigar dichos actos. ¿Entonces cuál es el problema? Por un lado, la burocratización del proceso de denuncia de casos de violencia política de género y, por el otro, la revictimización que sufren las mujeres que deciden denunciar. Es por ello que habría que fortalecer el marco legislativo en contra de la violencia política contra las mujeres y por el otro eliminar o por lo menos disminuir la burocratización de las denuncias de las mujeres, es decir, generar mecanismos de denuncia de la violencia política de género mucho más eficientes que los ya existentes, destinados a promover el respeto a la dignidad de ellas en todos los aspectos del desempeño político.

En tercer lugar, resulta necesario atender las posibilidades de cambio y reforma de las condiciones de desenvolvimiento político de las mujeres desde el campo de lo social. La respuesta podría estar en la educación, esto debido a que los planes y programas de estudio necesitan tener una nueva impronta: la perspectiva de género. Es pertinente que se les enseñe a niños y niñas la importancia de la igualdad para la vida en sociedad, en donde se busque la deconstrucción de las imposiciones sociales que colocan a las mujeres como seres vulnerables necesitadas de cuidado masculino.

En este sentido, los tres campos de acción que se presentaron en este apartado responden a una lógica ampliada de las acciones que podrían ser implementadas tanto en el corto como en el largo plazo para mejorar las condiciones de participación de las mujeres en la política. ¿Qué se busca con ello? Generar conciencia del papel que aún en el siglo xxi representan las mujeres frente a los hombres. Así que como se ha venido mencionando, los espacios políticos institucionales se abrieron y las calles se llenaron de movimientos de mujeres; sin embargo, ellas experimentan diversos tipos de violencia al desempeñarse en dichos espacios. Han existido avances sumamente relevantes derivados de los esfuerzos de los movimientos feministas y de las mujeres, pero esta batalla aún no está ganada.

Conclusiones

El patriarcado como sistema de dominio institucionalizado ha generado que las relaciones políticas entre hombres y mujeres sean sumamente diferenciadas. Es por ello que surge la inquietud al interior de las colectivas feministas y de las mujeres activistas de generar un cambio para comenzar a pensar en formas alternativas de hacer política en las que las mujeres no se vean relegadas en su participación. En México, las mujeres han tenido que recorrer un largo camino para posicionarse hoy en día en los puestos de representación y cargos gubernamentales; sin embargo, ellas experimentan múltiples obstáculos en su desempeño. Aunado a ello, los medios legales existentes que dictan la paridad y las cuotas de género fueron un buen inicio, pero en la actualidad se quedan cortos para otorgar una protección real a las mujeres y una legitimidad sólida al Estado.

Es entonces que el feminismo aparece como el movimiento que tiene la capacidad de cambio hacia la igualdad, pero son las mujeres las agentes para lograrlo. Se requiere un cambio social de raíz en el que las mujeres no sean concebidas como objeto, sino como sujeto; en el que a las mujeres no les sea más difícil acceder y permanecer en un cargo; en el que las cuotas de género y los principios de paridad queden atrás y las mujeres ocupen los puestos políticos con naturalidad; en el que las feministas no sean tachadas de delincuentes al exigir los derechos para ellas; en el que ellas se puedan sentir seguras y no discriminadas en el espacio público, ey en el que exista una verdadera igualdad que no excluya, dañe y menosprecie a las mujeres.

Referencias

Álvarez, S. (2019). Feminismos en movimiento, feminismos en protesta. Revista Punto Género, (11), 73-102.

Arrom, S. (1992). Historia de la mujer y de la familia latinoamericanas. Historia Mexicana, 42(2), 379-418.

Báez, C. y Gilas, K. (2017). Paridad de género: entre acceso a las listas y acceso a los cargos. Cuestiones Constitucionales, (36), 3-26.

Bolívar, C. (2017). Camino que recorrió María Cristina Salmorán de Tamayo para ser la primera ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En P. Galeana (dir.), Mujeres y constitución: de Hermila Galindo a Griselda Álvarez (pp. 189-206). México: Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México.

Cano, G. (1996). Más de un siglo de feminismo en México. Debate Feminista, 14, 345-360.

Cano, G. (2014). Sufragio femenino en el México posrevolucionario. En P. Galeana (dir.), La Revolución de las mujeres en México (pp. 33-46). México: Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México.

Cárdenas, A. y Rodríguez, R. (2017). Violencia política contra las mujeres y el rol de la justicia electoral. En F. Freindenberg, y G. Del Valle (eds.), Cuando hacer política te cuesta la vida. Estrategias contra la violencia política hacia las mujeres en América Latina (pp. 209-229). México: Instituto de Investigaciones Jurídicas-unam.

Davis, A. (2005). Mujeres, raza y clase. Madrid: Ediciones Akal.

Easton, D. (1968). Política moderna: un estudio sobre la situación de la ciencia política. México: Editorial Letras.

FENAMM (2021). Importante liderazgo de las mujeres en los gobiernos municipales. Federación Nacional de Municipios de México. Recuperado de https://www.fenamm.org.mx/site/index.php?option=com_content&view=article&id=601

Galeana, P. (2014). Un recorrido histórico por la Revolución de las mujeres mexicanas. En P. Galeana (dir.), La Revolución de las mujeres en México (pp. 15-32). México: Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México.

Huerta, K. (2022). Las excluidas: retos de las mujeres en el acceso al poder y la participación política en México en el siglo XXI. [Tesis de licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública]. Puebla, Universidad Iberoamericana de Puebla.

Lerner, G. (1990). La creación del patriarcado. Barcelona: Editorial Crítica.

MacKinnon, C. (1989). Hacia una teoría feminista del Estado. Valencia: Ediciones Cátedra.

Millett, K. (1995). Política sexual. Madrid: Ediciones Cátedra.

Mouffe, C. (2011). En torno a lo político. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

Peniche, P. (2017). Los congresos feministas de 1916, el obsequio legal y la denegación del sufragio a las congresistas por el general Alvarado. En P. Galeana (dir.), Mujeres y constitución: de Hermila Galindo a Griselda Álvarez (pp. 23-50). México: Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México.

Pilaszek, M. y Rojo, O. (2007). La participación de la mujer en la Revolución Mexicana. Tres trayectorias. Argentina: Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Tucumán.

Rancière, J. (1996). El desacuerdo. Filosofía y política. Buenos Aires: Ediciones Nueva Visión.

Rodríguez, M. (2009). México, independencia, mujeres, olvido, resistencia, rebeldía, dignidad y rescate. Alegatos, (73), 355-380.

Rodríguez, V. (1999). Las mujeres y el cambio político en México. La Ventana, (10), 49-83.

Sabucedo, M. (1996). Participación política. En J. Seoane y A. Rodríguez (eds.), Psicología política (pp. 85-97). Madrid: Pirámide.

TEPJF (2016). Protocolo para atender la violencia política contra las mujeres. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Recuperado de https://www.te.gob.mx/protocolo_mujeres/media/files/7db6bf44797e749.pdf

Toche, N. (8 de junio de 2021). El proceso electoral de 2021, el más violento hacia las mujeres, 21 candidatas asesinadas. El Economista. Recuperado de https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/El-proceso-electoral-de-2021-el-mas-violento-hacia-las-mujeres-21-candidatas-asesinadas-20210608-0002.html

[1] Licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Iberoamericana Puebla. Correo electrónico: karlahuertaorta@gmail.com. ORCID: https://orcid.org/0009-0006-3272-3432

[2] Estas autoras fueron seleccionadas debido a su importancia y aportaciones realizadas principalmente en el Feminismo de la Segunda Ola.

[3] El Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres fue creado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en 2016.

[4] Tanto las entrevistas como la observación etnográfica están contenidas en la tesis Las excluidas: retos de las mujeres en el acceso al poder y la participación política en México en el siglo XXI (Huerta, 2022).