Experiencias de mujeres migrantes en Cataluña desde su exigencia por vidas dignas

Resumen:

Cada vez hay más familias que se encuentran en una situación de precariedad económica debido a un contexto neoliberal en el que se actúa sin escrúpulos. Bajo este prisma, los recortes en políticas públicas y sociales fomentan unas prácticas de control y gestión que limitan las posibilidades de actuación de los profesionales, derivando en un acompañamiento educativo poco respetuoso y que no atiende a las necesidades reales de los sujetos.

       Se hizo una investigación[2] de metodología mixta mediada por la creación de un cuestionario y entrevistas a mujeres, así como a un grupo focal con profesionales del ámbito social, que tienen por objetivo escuchar las voces de familias vulnerabilizadas para conocer qué ponen en valor y qué rechazan del trato que reciben y han recibido en su paso por diferentes instituciones y servicios. Las mujeres protagonistas participan actualmente de un recurso socioeducativo que lleva a cabo una ong internacional, y que actúa localmente en Canovelles, población de unos 17 000 habitantes situada a 35 kilómetros de Barcelona. Los resultados obtenidos permiten saber qué piensan y cómo viven sus circunstancias, así como conocer sus experiencias con respecto a la relación con los profesionales. La realidad muestra que aquello que desean no siempre se corresponde con el trato que reciben en los lugares por los que transitan, y en el presente texto se detallan algunas de las narrativas que permiten plasmar de qué manera se están vulnerando los derechos y cómo el capitalismo excluye e impide la emancipación y el goce de vidas dignas.

Palabras clave: precariedad, acompañamiento, familias vulnerabilizadas, derechos.

Contextualización: violencia estructural e institucional

El sistema capitalista promueve la creencia en una felicidad y abundancia artificial y superficial que deja al margen a muchas personas, generando excesos productivos y humanos como forma de rendimiento. Con el objetivo de aumentar sin freno los beneficios del mercado, se fomenta la idea de que aquellos que se encuentran en una situación de vulnerabilidad es debido a su incapacidad para seguir el ritmo estipulado y “normativo”, conllevando a una desigualdad como manera de funcionar y así, en nombre del capital, se regula la vida de todos. De esta forma, las políticas públicas y sociales inciden en la morfología de la sociedad en tanto que el Estado impulsa u omite, de forma intencional, acciones que afectan directamente a la calidad de vida de las personas y que, además, las responsabiliza de su situación y las deja a su suerte, provocando que gestionen su sufrimiento de forma autosuficiente (Borrell et al., 2014). Así, el Estado, que no promueve itinerarios que permiten la reincorporación social, pone en evidencia la falta de equidad, justicia social e igualdad de oportunidades en sus actuaciones políticas, haciendo que sea la propia situación estructural la que degrada y excluye (Rodríguez, 2004).

Las medidas neoliberales suponen menos presupuesto para las políticas sociales y, en consecuencia, la falta de recursos ejerce una influencia directa en las vidas y sus posibilidades. Con una realidad en la que cada vez entran más sujetos en un círculo de pobreza, encontrarse en condiciones de precariedad puede deberse a factores diversos y múltiples. Las consecuencias las vemos con el siguiente testimonio, que pone en evidencia el temor y sufrimiento con el que se tiene que lidiar: “Al principio mucho miedo... no tenía... tenía... papeles. Pensaba que como policía que preguntan. Pensaba que, si yo digo, ellos mandan a mi familia a mi país” (C. E., mujer originaria de Marruecos, 25 años). La falta de información y la desatención que reciben muchas mujeres no son casuales ni anecdóticas, sino que son las propias instituciones las que proyectan vulnerabilidad generando exclusiones (Solé y Pié, 2018).

La globalización es, por sí misma y en su forma de gestión, destructiva (Marín, 2013). Resulta imprescindible analizar su impacto desde una perspectiva de género, ya que el modelo de organización global ha afectado en todas las esferas (laboral, formativa o de acceso a los recursos, entre otras) a las mujeres, debido a una construcción sociocultural patriarcal que impone su dominio. En este sentido, las mujeres migrantes sufren distintos ejes de desigualdad que se interrelacionan y hacen aumentar todavía más su nivel de vulnerabilidad, dificultando más poder llevar a cabo sus proyectos vitales (Marín, 2013). Uno de los efectos es la feminización respecto a la demanda de los servicios sociales para asegurar la subsistencia de la familia, puesto que tienden a ser las mujeres quienes acuden para solicitar ayuda o atención familiar (Bretones y Solé, 2012). Este hecho muestra tanto la división de roles de género como el mantenimiento del modelo patriarcal, ya que son ellas quienes asumen la cura de los miembros de la casa, labor no remunerada ni valorada socialmente. Del mismo modo, las migrantes también sufren mayor discriminación, y es que los datos constatan que el riesgo de pobreza es cuatro veces mayor que el de la población autóctona (López, 2021), hecho que muestra cómo la intersección de diversos procesos perpetúa las desigualdades sociales (Magliano, 2015). Además, cuentan con una invisibilidad que todavía hace más difícil que puedan ver satisfechos sus derechos y cubiertas sus necesidades, siendo un ejemplo la falta de censo que registre cuántas personas migrantes sin documentación hay en España y Cataluña, encontrándose permanentemente con barreras e impedimentos que las deshumanizan y apartan sistemáticamente.

       Frente a la necesidad personal y profesional de ofrecer un acompañamiento consciente y respetuoso que se aleje de discursos moralizadores y estigmatizantes, se realiza una investigación que pretende escuchar la voz de mujeres que se encuentran en situación de vulnerabilidad, para así ver cómo se pueden mejorar las prácticas de atención en la acción socioeducativa, desempeñando un trabajo educativo ético que rompa con la injusticia social. Para ello, se llevó a cabo un trabajo de campo en Canovelles, una de las zonas con mayor densidad de población infantil y juvenil, y con mayor índice de desigualdad de la provincia de Barcelona (Cataluña). La muestra participante está vinculada con un recurso socioeducativo que se ofrece a la población a través de una ong internacional, y que tiene por objetivo acompañar a las familias desde una atención integral y una mirada particular, global y comunitaria. Se elaboró un primer cuestionario que respondieron 51 personas (4 hombres y 47 mujeres), y se profundizó la información con cinco entrevistas a mujeres (de Mauritania, Marruecos, Senegal, Colombia y una mujer de Canovelles, que ha sufrido racismo perpetuo por pertenecer a la etnia gitana). Para finalizar, se creó un grupo focal con tres profesionales del ámbito social que están vinculadas con estas familias desde sus roles profesionales. En el presente texto se presentan los relatos y resultados más significativos que permiten plasmar de qué forma se vulneran los derechos más básicos, así como aquello que desde la posición profesional se hace o se debería de hacer para promover el respeto hacia estas mujeres. Así pues, pasaremos de un plano más centrado en sus vivencias y sus condiciones de vida, a aquello que se constata en la relación con los profesionales que las atienden. Se concluye con los aspectos que se considera que deben orientar el acompañamiento socioeducativo para facilitar el goce de sus derechos y promover su autonomía desde la posición profesional. Con este repaso, se puede ver de qué forma el neoliberalismo está impidiendo la dignificación y la habitabilidad de muchas vidas, excluyéndolas por medio de una violencia estructural e institucional sin escrúpulos, cruel, y selectiva.

Problemática: vulneración sistemática de derechos

El Estado neoliberal vulnerabiliza, invisibiliza y excluye de forma sistemática ejerciendo una violencia que está legitimada por las políticas y naturalizada por la sociedad (Doz Costa, 2010). Para poder entender las narrativas expresadas por las mujeres entrevistadas y sus efectos, es necesario partir de una mirada interseccional, puesto que la discriminación con la que han de lidiar se debe a factores que se entrelazan y aumentan exponencialmente su vulnerabilidad (Cubillos-Almendra et al., 2023). Así, nos encontramos en una realidad con escasas opciones, entre otras, de disponer de un trabajo remunerado, estable y con contrato que permita ser la fuente principal de obtención de ingresos; de una vivienda que posibilite una habitabilidad digna; o de disponer de los medios necesarios para acceder a alimentación, educación y salud de calidad.

P3: Sabemos que hay familias que no tienen ningún tipo de ingreso. Les han dado los alimentos y de esta forma pueden ir tirando, pero la precariedad es muy grande. También sabemos que viven en lugares que no son habitables, en malas condiciones, y que los niños van sucios o con la ropa estropeada o no adecuada para el tiempo que hace […] Realmente nos tendría que alarmar y es evidente que se debería hacer alguna cosa. Que tengan o no papeles no tendría que ser motivo para que puedan vivir con un mínimo de dignidad. No es que no quieran, es que no pueden. (Coordinadora familiar de recurso socioeducativo)

Esta cita nos revela cómo el Estado ha mostrado tener dificultades para adaptar y generar vías de atención que respondan a las necesidades de la población, actuando de forma rígida y causando un sufrimiento y dolor que se normaliza, se silencia y se institucionaliza por medio de mecanismos sociales, negando a las mujeres la capacidad de agencia (Gil, 2018). Las mujeres migrantes han sido ignoradas desde las distintas políticas (de igualdad, de género, de extranjería, etc.), y no se ha tenido en cuenta cómo influyen las distintas categorías en sus vidas (Expósito, 2012). Las condiciones en que se encuentran pasan por la lógica del mercado, en la que quien no puede seguir el ritmo marcado queda apartada y excluida (Castel, 2014), añadida a una carga moralista sobre cómo debe o debería vivir. En este sentido, no se promueve el goce de sus derechos y se condicionan sus posibilidades, ya que no se promueven políticas que los garanticen, sea cual sea su nacionalidad, estatus migratorio, sexo o cualquier otra condición (Gómez-Salas, 2018).

El interés del mercado pasa por encima de las necesidades de la población, de manera que muchas mujeres no disponen de opciones de elección, hecho que añade un sufrimiento que es evitable (Pié, 2018). Así pues, podemos observar un impacto directo en sus condiciones de vida, como por ejemplo las composiciones y las condiciones del hogar, y es que hay estructuras familiares que se dan por necesidad y sin opciones de cambio: “Nosotros somos 6 niños en casa y mi marido y yo. Mucha gente (ríe). La casa pequeña y niños duermen juntos. Queremos piso más grande pero no hay. Aquí no hay de buen precio y no queremos ocupar. Nosotros nos quedamos donde estamos, pero a veces difícil” (F. D., mujer de Mauritania, 41 años).

Frente este contexto de precariedad, la pobreza en sí representa una violación de los derechos humanos que niega acceder a niveles de vida dignos (Beca-Frei, 2018): “Ya sabes que estoy de ocupa, pero es que es imposible pagar nada. Y mi madre vive con nosotros cuando falleció mi padre, en paz descanse. […] Y se ha tenido que venir con nosotros y así también nos ayuda con la comida, la casa, la ropa de los niños... todo” (A. V., mujer de Canovelles, 28 años). Esta mujer, además, narra que está ocupando, una opción de vivienda que tiene un gran estigma social, sumiéndola en una permanente inestabilidad y con el constante temor a un posible desahucio. Sumada a esta situación, nos expone de qué manera afectan estas condiciones a su salud:

A. V.: Mi hijo el mayor se pasa todo el año con tos. Ahora tiene los cinco y quizá desde los tres que pocas veces al año está sin tos. ¡Cómo no la va a tener si vivimos en un sitio que da asco! Está todo lleno de humedades. Se lo he dicho a la asistenta, pero claro, que me va a decir si estoy de ocupa. Le pido un piso en condiciones que pueda pagar, pero tampoco hay. Así no se puede vivir, la salud es lo primero y un niño no tendría que vivir así. (A. V., mujer de Canovelles, 28 años).

Este caso revela las consecuencias de la regulación política y cómo condiciona y configura el modelo de sociedad. Además, estas mujeres se sienten juzgadas y cuestionadas, teniendo que justificar el cómo, el qué y el porqué de todo lo que hacen bajo una sensación permanente de control y vigilancia institucional que dificulta el desarrollo de una vida autónoma (Rodrigo et al., 2015). En este sentido, la clase social resulta un factor de la estructura social que pone de relieve un acceso desigual a los recursos, aspecto que afecta el bienestar personal y la calidad de vida (Borrell et al., 2014), y es que tampoco todas las mujeres pueden hacer uso de la oferta social, cultural y de ocio existentes. Las cuotas, la barrera tecnológica o idiomática para acceder a la información y a los servicios, así como las dificultades para conocer lo que se hace de una forma accesible y entendible, son formas de obstaculizar la entrada de forma consciente. En este sentido, la estructura limita el acceso a ciertos bienes impidiendo la cobertura y satisfacción de necesidades básicas, causando en consecuencia un estado de salud deficiente que vulnera los derechos humanos (Galtung, 2016) y dificulta la igualdad en la participación social (Núñez, 2007).

M. T.: Cuando llegué aquí lo vi muy claro. Si eres de fuera, eres menos. Pero digo de fuera del país, ¿eh? Porque de fuera de Cataluña somos casi todos aquí en el pueblo. Pero hay ciudadanos de primera, y luego estamos los otros. Y lo ves por ejemplo en lo que se hace en el pueblo. Que los que vamos a los sitios que no hay que pagar somos los mismos. Que te piensas, ¿que a mí no me gustaría ir a la piscina o al gimnasio? Que falta me hace (ríe). (M. T., mujer de Colombia, 34 años).

M. T. visibiliza un claro ejemplo de discriminación, y es que como expone, solamente pueden hacer uso de las actividades que son gratuitas, evidenciando prácticas que limitan derechos como gozar de buena salud. En este caso se promueve una exclusión que no es casual, y es que a ciertos lugares como el gimnasio se supone que sólo pueden ir quienes pueden pagar las cuotas, acotando las opciones para aquellas personas que no tienen suficientes recursos económicos:

P1: Los recursos socioeducativos están saturadísimos, como nosotros (Servicios Sociales). Y al final se crea una guetización donde las personas con menos recursos son las que van a aquello que es gratuito, y después no tienen acceso a otros servicios o actividades que tienen un precio pero que les iría la mar de bien. No solo por sus inquietudes personales, sino también para relacionarse con otras personas del entorno. Y así también ampliarían la red. Que nos quejamos que siempre van juntas y no se hacen con las “autóctonas”, pero es que luego no se les permite ir a los recursos donde van las de aquí (Educadora Social de Servicios Sociales).

Las posibilidades de relacionarse con otras mujeres que tienen otros recursos socioeconómicos se impiden dificultando la participación en la comunidad, causando que quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad tengan que hacer uso de aquello gratuito y, por lo tanto, provocando que sea más complicada la movilización en la estructura social. A su vez, se promueve la estigmatización de ciertos servicios y se las orilla a un proceso de exclusión, poniendo barreras de acceso a equipamientos y entidades con valor social y cultural, y así, imposibilitando tejer nuevos lazos sociales y culturales (Rosa, 2019).

P2: Ya lo viste cuando empezaron las inscripciones a los casals de verano. Los de pago, que son los deportivos, no sólo pedían una cuota de casi 400 euros, sino que para hacer la inscripción te tenías que descargar una aplicación al móvil y hacerlo por ahí. Evidentemente ya está pensado para dejar mucha gente fuera. Y si querías pedir beca, tenías que pagar previamente los 400 euros y luego a ver si te la daban... Ah, y para pedir la beca también lo tenías que hacer pidiendo cita previa online. Todo muy mal pensado... o no, justamente pensado expresamente. (Coordinadora de Centro Abierto)

Como podemos ver, se generan mecanismos de exclusión y la Administración no busca ni ofrece alternativas más inclusivas y facilitadoras. De esta forma, tener la posibilidad de participar en otro tipo de actividades depende de disponer de becas, no exentas de tener que demostrar que existe una dificultad económica que imposibilita poder hacer frente a los gastos de forma autónoma: “Suerte de las becas que han sacado este año para las extraescolares... ¡Si no ya me dirás tu cómo voy a poder pagar el fútbol o el básquet de los niños! Necesitan hacer deporte como todos los demás niños. Eso les hace mover, tener salud y no estar todo el día delante de la pantalla” (M. T., mujer de Colombia, 34 años). Aun así, están obligadas a exponer qué se quiere hacer y a justificar que no se pueden pagar los costes presentando, entre otros, los estados de cuenta. Estas medidas no son respetuosas y vulneran la intimidad, debiendo tener cautela con lo que gastan para que se considere que son merecedoras de las becas disponibles, estando expuestas a múltiples violencias (Gómez-Salas, 2018).

Además, la vulneración de derechos también tiene una repercusión directa en la salud mental y emocional, y es que parece ser que las oportunidades para realizar según qué, o gozar de, depende de la posición económica. Un ejemplo son los recursos públicos existentes en Cataluña para atender el correcto desarrollo de los niños y las niñas, servicios que tienen actualmente listas de espera que en algunos casos llegan a los seis meses, hecho que supone una desatención que puede tener grandes y graves consecuencias para sus vidas y su entorno. El alto porcentaje de familiares vinculados a estos recursos y que han participado en el trabajo de campo pone en evidencia los problemas de salud mental que se derivan de su situación, y es que el colapso del sistema de salud público y la imposibilidad de asistir al sector privado ha hecho aumentar el sufrimiento y el malestar emocional (Barrientos, 2020), viendo como de nuevo, la población más afectada es la que tiene menos recursos socioeconómicos (Muñoz y Sánchez, 2020). Con todo, las políticas, que se ajustan al modelo estructural de sociedad, inciden directamente en la salud, educación y posibilidades de participación y acción social de las familias más desfavorecidas socialmente.

Frente a la situación de violencia estructural e institucional manifestada por las mujeres protagonistas del trabajo de campo, los diferentes agentes, tanto estatales como privados, tienen una responsabilidad directa en la generación de protección (Madrid, 2018). Como profesionales se debe ser consciente que no disponer de una red sólida comporta un deterioro de las capacidades y potencialidades personales (Bertrán et al., 2019), añadiendo malestar y aislamiento:

F. D.: Yo aquí sola, no tengo familia aquí. Esto mucho peor. A mí me falta familia. Cuando yo tengo muchos problemas, muchos dolores, necesito familia. Aquí sola, familia en mi país u otros sitios... Francia, Alemania... Si no hay trabajo, no hay dinero y familia ayuda, pero no puede ayudar. Yo mucho dolor en cuerpo y dolor en alma. Lloro mucho en la noche (F. D., mujer de Mauritania, 41 años).

Así, no contar con cercanas redes de apoyo informal es un factor condicionante a la hora de poder hacer frente a situaciones de dificultad, además de suponer una cronificación de la situación de vulnerabilidad, ya que obstaculiza la realización de respuestas adaptativas y de inclusión. Con ello, se convierten en mujeres más susceptibles de agravar su situación, añadiendo a la dinámica de exclusión los efectos de la migración, pues han dejado atrás su principal red de apoyo social, con el impacto a nivel psicológico que esto conlleva (Gómez-Salas, 2018).

       Con lo que estamos viendo y como se ha podido constatar en los cuestionarios y entrevistas realizadas, no nos debe extrañar que la red formal no siempre sea reconocida como un recurso facilitador de ayuda en casos de necesidad, y es que pocas familias manifiestan que acuden a ella cuando tienen un problema: “Voy a Servicios Sociales si tengo muchos créditos o tengo gastos... necesitar ayuda” (F.D., mujer de Mauritania, 41 años). Así, las profesionales que participan en el grupo focal expresan que a menudo se recurre a los recursos cuando se trata de urgencias o cuando no existe la red de apoyo informal: “Supongo que sienten que entre ellas se pueden ayudar más y mejor, se sienten más cercanas, pero cuando necesitan de cosas más burocráticas o cuando se encuentran a tope, entonces sí que aparecemos nosotros” (Coordinadora Centro Abierto). Una explicación puede ser la desconfianza que sienten hacia las instituciones y las administraciones debido a los juicios de valor, estigmatización y culpabilización recibidas en sus experiencias, y es que la falta de inversión en políticas sociales y públicas repercute en una saturación que genera la dificultad de poder ofrecer una atención y acompañamiento de calidad. El Estado no interviene creando servicios que sean públicos, sino que mercantiliza lo político y lo deja en manos del mercado y de entidades privadas (Beca-Frei, 2018) causando, de nuevo, que las familias con menos recursos no puedan acceder y queden relegadas a utilizar servicios asistencialistas.

P1: La ley de Servicios Sociales es un reflejo todavía del franquismo, para que veas. Por lo tanto, estamos muy alejadas... estamos fatal. Yo quiero añadir el tema de la precariedad, tanto de entidades privadas como de las públicas. Esto no permite poder hacer un buen acompañamiento a las familias y al final te quemas y quien lo pagan son las familias muy a mi pesar. Hay precariedad profesional, precariedad a nivel de vida, precariedad de becas, de desahucios, de derechos humanos, precariedad general y vital. A veces es falta de recursos y a veces es falta de querer entender. No queremos dar una atención que sea asistencialista, pero ¿qué podemos hacer con estas ratios? Nos dejan poco margen de maniobra (Educadora Social de Servicios Sociales).

Esta profesional pone sobre la mesa una realidad que entorpece las posibilidades de acción, y es que existe una demanda creciente que, con los recursos actuales, dificulta ofrecer una atención que sea personalizada, situación que provoca que se sientan desbordadas. Como consecuencia, el acompañamiento que se ofrece no siempre es percibido como el adecuado o el esperado por parte de las mujeres, siendo irrespetuoso en algunos casos.

       La actuación profesional queda condicionada por relaciones de dominación y exclusión (Yurén, 2013) y, por lo tanto, es tarea del referente establecer vínculos y hacerlo de una forma respetuosa a partir de un marco de referencia que posibilite poner en marcha las condiciones necesarias para permitir emerger el acto educativo, lejos de responder a encargos de control y gestión. Por este motivo es importante tomar consciencia de las discriminaciones múltiples a las que se enfrentan estas mujeres y las consecuencias de las desigualdades con las que tienen que lidiar (Expósito, 2012). De esta forma, no se debe actuar desde una posición de poder, sino cuestionar los esquemas de acción con capacidad crítica y autocrítica para ver el lugar que se ocupa y favorecer la transformación social a través de una praxis transformadora (Pizza, 2005). Por esta razón se debe poner especial atención a aquellas mujeres con dificultades sociales para que puedan gozar de sus derechos y establecer lazos sociales y culturales, promoviendo la vinculación con la red social (Rosa, 2012). Además, partir de baremos preestablecidos impide entender las particularidades de cada caso:

L.B.: Soy yo quien paga. Yo he pedido ayuda que no tengo... que me ayuda para dejar el niño a la guarde para buscar trabajo. Pero me han dado 50% porque dice que mi marido trabaja. Mi marido trabaja, pero si no me sirve de nada, él no me da dinero ni paga. Ellos tienen que escuchar un poco a la gente. Pero no solo mirar los papeles... “está casada”. Hay cosas que pasan a casa que no se pueden escribir en los papeles. (L. B., mujer de Senegal, 32 años).

L. B. es una mujer que ha pedido en reiteradas ocasiones ayuda, recibiendo siempre respuestas insuficientes: como consta que hay un sueldo en casa, se considera que dispone de suficiente dinero y que, por lo tanto, no es merecedora de recibir el 100% de la beca. Es un ejemplo de violencia institucional que perpetúa, en nombre de una supuesta voluntad de ayuda, una situación de dependencia que impide y dificulta que se puedan poner en marcha las estrategias personales (Núñez, 2007). No se han tenido en cuenta sus necesidades reales, puesto que únicamente se valora lo que aparece en los papeles y que es cuantificable, aspectos que no dan cuenta de aquello que queda invisibilizado. Se evidencia cómo existen políticas imparciales que requieren de excesivos requerimientos y una burocracia objetiva y cuantitativa (que no justa) que excluye y agrava la situación: “Yo no me puedo quejar... no... pero yo necesito ayuda. Si tengo seis hijos y solo marido trabaja. Hay dinero, sí, pero no para alquiler, comida, ropa, todo... A principio curso, cuando llega frío, muchas veces no tengo... no hay suficiente dinero. Pero como marido trabaja dicen que ya está” (F. D., mujer de Mauritania, 41 años). En este caso, el profesional puede decidir si contribuye a la perpetuación de la injusticia reproduciendo un encargo institucional que fomenta la gestión, o bien, si actúa de forma crítica y reflexiva para favorecer el cambio social en beneficio de estas mujeres, dignificando la vida y rompiendo con el orden establecido para atender y dar respuesta a las necesidades reales (Yurén, 2013).

Ejercer una profesión que tiene por objetivo romper con las desigualdades sociales obliga a mirar más allá de lo estipulado a nivel de políticas e institución si no están orientadas en clave pedagógica. No se puede ser cómplice de un sistema que oprime y excluye, sino que se debe estar al servicio y con aquellas personas que el propio Estado discrimina. Tal y como ponen de relieve las mujeres entrevistadas, consideran que es imprescindible sentir que se las trata con respeto: “Claro, hay muchas cosas, pero respeto por encima de todo. Si no te tratan con respeto, no vuelves. Somos personas, necesitamos ayuda, y nos tiene que tratar con respeto. Es mi derecho” (L. B., mujer de Senegal, 32 años).

A. V.: ¿Qué sabrás tú de lo que yo hago con mi vida? Odio cuando la gente juzga sin saber. Mira, si estamos vivos mis hijos y yo es porque he tenido las narices suficientes para tirar adelante. Me van a decir ahora lo que tengo y lo que no tengo que hacer. Viven en sus despachos y no tienen ni idea de lo difícil que es la vida en la calle. En este pueblo hay pistolas y tiroteos, hay peleas cada día y mucha mierda. Déjame a mí que yo sé cuidar de los míos, ocúpate tú de lo tuyo. (A. V., mujer de Canovelles, 28 años)

El hecho que no se sientan valoradas ni escuchadas debería alarmarnos como profesionales, pues se trata de vidas golpeadas por el sistema y aisladas y excluidas de la comunidad. Sabemos que aquello que sucede en la acción socioeducativa tiene implicaciones directas en sus vidas, y tienen derecho a participar en todo lo que les afecta directamente, siendo una responsabilidad profesional el prestar atención en lo que se hace y cómo se hace: “Me dijeron que no estaba cumpliendo el plan de trabajo. ¿Te puedes creer? Si ni sabía qué era un plan de trabajo, ¡ni me habían dicho nada! ¿Plan de trabajo para quién? ¿Para ellos? (ríe) Porque si es para mí y lo tengo que cumplir, lo mejor será que me informes, ¿no?” (M. T., mujer de Colombia, 34 años). Tienden a ser familias que son objeto de seguimiento por distintos servicios y recursos, y cabe cuestionarse si en alguno de estos lugares se las pone en el centro, si se les comunica lo que se habla sobre ellas, el porqué, y si pueden ser partícipes de lo que les atañe directamente:

P1: A mí me sorprendió mucho... cuando llegué al Ayuntamiento que no se hacían planes de trabajo con las familias. Ahora los estamos haciendo, ahora sí. Pero es laborioso, ¿eh? Nosotras hacemos un diagnóstico previo, hipótesis, potencialidades, dificultades... y luego ya viene toda la serie de objetivos con base en las áreas básicas y nos marcamos objetivos para trabajar con las familias, pero que luego estamos trabajando, ¿eh? Pero hay un... una especie de DAFO inicial... y vinculando los objetivos a trabajar con las familias según las necesidades detectadas que tú has incluido antes (Educadora Social de Servicios Sociales).

E: ¿Las necesidades son necesidades detectadas por la profesional o necesidades surgidas por la propia familia?

P1: Esto es muy interesante (ríe). Ahora se lleva... se está intentado dar una vuelta al tema de los planes de trabajo también. De la atención centrada en la persona donde las familias son quienes marcan su plan de trabajo y las directrices de qué quieren, cómo lo quieren... y se marcan su ritmo también sin que seamos nosotras las que las guiamos, ¿no?

Como podemos ver, a menudo no son las protagonistas de su proceso y se dificulta que se consigan los objetivos estipulados por la referente, ya que pueden no concordar con los objetivos que tiene la familia. No darles la posición de sujeto educativo genera desconfianza hacia los agentes y, por lo tanto, hace más difícil permitir y facilitar una emancipación que promueva la circulación y promoción social y cultural (Moyano, 2012). Además, cada profesional tiende a centrarse únicamente en aquello que precisa a nivel burocrático, rellenando indicadores y fichas que, a efectos prácticos, tienen poca incidencia en el trabajo que permite a la familia mejorar su situación, y reposiciona ante la realidad a las mujeres migrantes a quienes atraviesan marcas de opresión que pasan por el género, lugar de origen y clase social; lo cual abre debates sobre cómo entretejer propuestas socioeducativas en perspectiva interseccional en las que ellas y sus familias sean el centro, específicamente ante la agudización de prácticas sexistas, racistas y clasistas contra quienes son presentadas a modo de amenaza al orden europeo.

Conclusiones y reflexiones: posición personal y profesional

Nos advertía Ayerbe (1995) de la contradicción de tener que adaptar al individuo a unas coordenadas sociales existentes que son justamente las que lo han llevado a una situación de desigualdad y, además, tener que responder como profesionales a la necesidad de obtención de resultados rápidos que cuantifican y despersonalizan a las personas y los problemas. No se trata de expedientes sino de vidas, de mujeres que demandan ayuda y que a menudo sienten cómo se cuestiona aquello que hacen, alejando posiciones en una relación jerárquica que dificulta una relación educativa respetuosa.

La posición que adopte el profesional en la acción socioeducativa tiene una incidencia directa en lo que se facilite y promueva, siendo imprescindible mantener siempre una posición ética y de respeto. Hay que tener presente el contexto neoliberal en que nos encontramos y no ser cómplices de los poderes públicos que degradan e impiden la transformación tanto individual como social (García, 2013), sino facilitar que las vidas sean habitables. No debemos ser unos operadores de la vida de los demás aplicando protocolos estandarizados y homogéneos (Núñez, 2003), sino partir de la centralidad del caso con una posición permanente de análisis crítica con lo que respecta a los encargos institucionales injustos y arbitrarios.

       La saturación existente en los servicios públicos ha perpetuado prácticas de control, alterando y acotando las funciones profesionales, y es que hemos visto cómo la acción que ejercemos queda condicionada por aspectos estructurales e institucionales que generan una precariedad generalizada al actuar en emergencia social cuando el problema ya está demasiado presente y cronificado: “No hay prevención, aparecemos cuando ya hay problemas. […] El volumen de trabajo, la precariedad y cómo se piensan los proyectos hace que al final se haga un trabajo asistencialista y que no se puedan cumplir los objetivos por los que realmente estamos” (Educadora Social de Servicios Sociales). De esta forma, se dificulta llevar a cabo un acompañamiento socioeducativo de calidad que facilite el desarrollo de sus proyectos vitales, y es que las profesionales ven limitadas sus posibilidades de acción generando además sobrecarga e incongruencia con las creencias personales.

       La investigación nos ha permitido constatar aquello que las mujeres ponen en valor, y es un acompañamiento que permita su incorporación a la sociedad (Rosa, 2019) y que no pretenda erradicar aquello que sale de la “norma” (Núñez, 2007). No se debe caer en una justificación de la acción debida a la saturación de los servicios ni en una excesiva burocracia, sino actuar con agilidad siendo resolutivos y sin fijar criterios rígidos. Hay que tomar consciencia de la realidad viendo qué limites existen y con qué dificultades se encuentran, para así poner en marcha las condiciones necesarias para hacerlo posible. Así, si ser mujer y migrante en este mundo competitivo e individualista comporta mayores dificultades para poder disponer de opciones de desarrollo y progreso, como profesionales debemos tener claras nuestras funciones y motivos de ser para romper con las desigualdades en su beneficio. Se debe visibilizar la restricción de derechos humanos que han sufrido a lo largo de sus vidas y que las han obligado a migrar, añadiendo a sus experiencias las dificultades que han de afrontar en las sociedades de destino (Gómez-Salas, 2018). Por este motivo, no debemos convertirnos en operadoras de un mandato determinado que nos hace cómplices de la violencia institucional, por lo que se deben desplegar todas las habilidades, capacidades y actitudes que permitan emerger el acto educativo desde una posición respetuosa, confiando en las posibilidades y estrategias personales y ofreciendo el tiempo y el espacio que se requiera en cada caso. Lejos de juicios morales imparciales e injustos, hay que ofrecer una presencia atenta que permita establecer lazos, fomentando al máximo su autonomía para que se puedan apropiar de su vida ocupando un nuevo lugar. Para ello, es imprescindible huir de la rigidez profesional y propiciar la corresponsabilidad, tratando a cada una de ellas como titular de derechos y partiendo desde una perspectiva de desarrollo de sus potencialidades, articulando todas las dimensiones que las configuran de forma dinámica (Contreras, 2018).

       Nos hemos acostumbrado a la incertidumbre y la inestabilidad, y hemos aceptado este estado como forma de vida y de vivir (Evans y Reid, 2016). No estamos exentas de enormes contradicciones, y es que nos encontramos en un mundo de incongruencias donde grandes empresas invierten en armamento, y a su vez, destinan parte de sus beneficios a obras sociales para ayudar a aquellos niños y niñas que huyen de la guerra; donde hay una declaración universal de los derechos humanos, pero los países hacen y deshacen leyes que permiten atrocidades, desahucios e inanición. Nos formamos para acompañar a personas y fomentar sus potencialidades, pero en las instituciones exigen vigilancia y control, y si hay algo que se sale de la norma, informar y tomar las medidas oportunas con agilidad.

       La alimentación, la educación, la salud y la vivienda no son un lujo, sino derechos que se están usurpando y que como profesionales de la acción social debemos asegurar, implicándonos tanto personal como profesionalmente frente al modelo neoliberal que ha precarizado la vida. En este sentido, la educación social tiene un papel clave a la hora de romper con el orden establecido y recuperar la dignidad y la justicia social, poniendo la vida en el centro.

Referencias

Ayerbe, P. (1995). Algunos problemas profesionales en la educación social. Claves de educación social, 0, 35-40. Recuperado de https://www.studocu.com/ca-es/document/universitat-autonoma-de-barcelona/pedagogia/text3-recurs-educatiu/8314678

Barrientos, A. (2020). ¿Qué ideas podemos llevar a cabo des del trabajo en red? (pp. 5-7).  En El treball en xarxa amb la COVID-19. Idees i propostes. Interxarxes

Beca-Frei, J. P. (2018). Pobreza: un problema de derechos humanos. ¿Qué hacer cuando la legislación profundiza la pobreza? Díkaion, 27(1), 101-126. Recuperado de http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-89422018000100101

Bertran, L. et al. (2019). La intervenció social amb famílies en situació de cronicitat en els Serveis bàsics d’atenció social. Cataluña: Col·legi oficial de treball social de Catalunya.

Borrell, C. et al. (2014). El sufrimiento de la población en la crisis económica del Estado español. Salud Colectiva, 10(1), 95-98. Recuperado de https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=73130512008

Bretones, E. y Solé, J. (coords.) (2012). Famílies i Educació social. Barcelona: Editorial UOC.

Castel, R. (2014). Los riesgos de exclusión social en un contexto de incertidumbre. Revista internacional de sociología, 72(1), 15-24. Recuperado de https://revintsociologia.revistas.csic.es/index.php/revintsociologia/article/view/584/610

Contreras, P. (2018). “Feminización de las migraciones: análisis interseccional y decolonial de los procesos de inclusión y exclusión social” (pp. 199-208). En Políticas públicas para la equidad social. Chile: Universidad de Santiago de Chile

Cubillos-Almendra, J. et al. (2023). Interseccionalidad. Un dispositivo teórico-metodológico para el estudio de las migraciones. Revista Austral de Ciencias Sociales, (44), 129-150. Recuperado de http://revistas.uach.cl/index.php/racs/article/view/7166/8201

Doz-Costa, J. (2010). Violencia institucional y cultura política. Cuadernos FHyCS-UNJu (38), 145-168. Recuperado de https://www.redalyc.org/pdf/185/18516804010.pdf 

Evans, B. y Reid, J. D. (2016). Una vida en resiliencia: el arte de vivir en peligro. México: Fondo de Cultura Económica.  

Expósito, C. (2012). ¿Qué es eso de la interseccionalidad? Aproximación al tratamiento   de la diversidad desde la perspectiva de género en España. Investigaciones feministas (3), 203-222. Recuperado de https://revistas.ucm.es/index.php/INFE/article/view/41146/39358

Galtung, J. (2016). La violencia: cultural, estructural y directa. Cuadernos de estrategia, (183), 147-168. Recuperado de https://dialnet.unirioja.es/servlet/oaiart?codigo=5832797  

García, J. (2013). Cartografías pedagógicas para educadores sociales. Barcelona: UOC.

Gil, S.  (2018). Vidas vulnerables, feminismo y crisis civilizatoria. En J. Solé y A. Pié. (coords.), Políticas del sufrimiento y la vulnerabilidad. Barcelona: Icaria Antrazyt.  

Gómez-Salas, A. (2018). Mujeres migrantes como sujetos políticos. Creando estrategias frente a las violencias. Madrid: Alianza por la Solidaridad.

López, C. (13 de abril de 2021). El risc de pobresa de les persones migrades és quatre vegades més gran que el de la població autòctona, Social.cat. Recuperado de https://www.social.cat/noticia/14226/el-risc-de-pobresa-de-les-persones-migrades-es-quatre-vegades-mes-gran-que-la-poblacio-aut  

Madrid, A. (2018). Vulneración y vulnerabilidad: dos términos para pensar hoy la gestión socio-política del sufrimiento. En J. Solé y A. Pié. (coords.), Políticas del sufrimiento y la vulnerabilidad. Barcelona: Icaria Antrazyt.

Magliano, M. J. (2015). Interseccionalidad y migraciones: potencialidades y desafíos. Revista Estudos Feministas (23), 691-712. Recuperado de https://www.redalyc.org/pdf/381/38142136003.pdf

Marín, M. (2013). Temps, espais i memòries del desplaçament: Una introducció a la globalització i els moviments migratoris. En M. Marín. (ed.). Globalització i.moviments migratoris. Barcelona: FUOC.

Moyano, S. (2012). Acción educativa y funciones de los educadores sociales.       Barcelona: UOC.

Muñoz, E. y Sánchez, C. (2020). Quines propostes podem trobar i oferir des del treball en xarxa? En El treball en xarxa amb la COVID-19. Idees i propostes. Interxarxes.  

Núñez, V. (2003). Entre la tecnociencia y el tecnopoder: el desafío de mantener abierta la pregunta acerca de las condiciones de producción de la Pedagogía Social y sus efectos. Revista de interuniversitaria (10), 111-122.  Recuperado de https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=135015168005

Núñez, V. (marzo de 2007). Pedagogía Social: un lugar para la educación frente a la asignación social de los destinos. En Conferencia pronunciada en el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Argentina, Barcelona.  

Pié, A. (2018). Abrir sufrimientos para habitar otra vida. En J. Solé y A. Pié. (coords.), Políticas del sufrimiento y la vulnerabilidad. Barcelona: Icaria Antrazyt.

Pizza, G. (2005). Antonio Gramsci y la antropología médica contemporánea. Hegemonía, “capacidad de actuar” (agency) y transformaciones de la persona. Revista de Antropología Social, (14), 15-32. Recuperado de https://www.redalyc.org/pdf/838/83801401.pdf

Rodrigo, M. J. et al. (2015). La parentalidad positiva desde la prevención y promoción. Manual Práctico de parentalidad positiva (2), 25-43. Recuperado de https://es.scribd.com/document/509066010/Manual-Practico-de-Parentalidad-Positiva#

Rodríguez, F. (2004). La pobreza como un proceso de violencia estructural. Revista de Ciencias Sociales, 10(1), 42-50. Recuperado de https://www.flacsoandes.edu.ec/sites/default/files/agora/files/1278089538.francisco_rodriguez.pdf

Rosa, A. (2012). Ciutat, espai públic i educació social. En A. Rosa, S. Brignoni, P. Fryd. (eds.), Ciutat, adolescències i educació social. Barcelona: UOC

Rosa, A. (2019). La funció educativa com a mediadora entre el subjecte i la ciutat. Barcelona: UOC.  

Solé, J. y Pié, A. (2018). Políticas del sufrimiento y la vulnerabilidad. Barcelona: Icaria Antrazyt.  

Yurén, T. (2013). Ética profesional y praxis. Una revisión desde el concepto de “agencia”. Perfiles Educativos, XXXV(142), 6-14. Recuperado de https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-26982013000400016

[1] Licenciada en Psicología por la Universitat de Girona, máster en Educación en la diversidad en la misma universidad. Graduada en Educación Social por la Universitat Oberta de Catalunya. Trabaja en el ámbito social desde hace más de quince años, actualmente es coordinadora familiar para una ONG internacional. ecaballerote@uoc.edu. ORCID http://orcid.org/0009-0008-9250-763X.

[2] El presente artículo surge del trabajo final de grado de Educación Social titulado “El acompañamiento a familias en situación de vulnerabilidad: la tarea del/la educador/a social en la acción socioeducativa”.